El Convenio número 169 de la OIT, otorga a los pueblos indígenas el derecho validado a nivel internacional, a un territorio propio, a su cultura e idioma, y que compromete a los gobiernos que lo ratifican a respetar unos estándares mínimos en la ejecución de estos derechos. Sin embargo, no todos los Estados respetan estas disposiciones  y por el contrario, implementan acciones y estrategias que van contra los derechos de los pueblos indígenas y asumen la fuerza pública para reprimir sus reclamos y marchas.

El Convenio sobre Diversidad biológica que tiene como fin general la conservación de la biodiversidad y el uso sostenible de los componentes de la diversidad biológica y el reconocimiento de la participación de los pueblos indígenas en los beneficios que se obtuvieren de ella, también sugiere que los Estados en función a sus legislaciones, deben promover el respeto de estos derechos. Muchos países han reformulado sus Constituciones para desarrollar acciones en defensa de sus recursos naturales. En otros casos, la consulta y participación a los pueblos sobre sus derechos no ha sido muy efectiva.

Además, a partir del reconocimiento de los Derechos de los Pueblos Indígenas, varios Estados en América Latina establecieron políticas públicas orientadas a la defensa de los mismos y de su bienestar e inclusión en los planes de desarrollo. El Estado debe elaborar estas políticas en conjunción con los Pueblos a quienes afectan los mismos,  con esfuerzos especiales para garantizar sus derechos ciudadanos en igualdad de condiciones, así como sus derechos específicos respetando su lengua y cultura propias (18).